XIX CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)
27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2004
Conferencia
“LA FAMILIA COMO LA INSTITUCIÓN CON LA RESPONSABILIDAD PRIMORDIAL PARA LA PROTECCIÓN, EDUCACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO, LA NIÑA Y EL ADOLESCENTE”
“La
Familia como la Institución con la responsabilidad primordial para la Protección, Educación y Desarrollo
Integral del Niño, la Niña y el Adolescente”
La
consideración de los derechos de la niñez y la adolescencia encuentra
diferentes dimensiones para su análisis, conceptualización, perspectiva
histórica y definiciones de políticas y estrategias para los Estados Miembros
del Sistema Interamericano. En este sentido la relación de la niñez y familia
conjuga valores, culturas, construcciones jurídicas y responsabilidades de los
Estados y la sociedad que merecen un tratamiento específico y que el Instituto
Interamericano del Niño ha recogido, generosa, creativa y comprometidamente en
este XIX Congreso Panamericano. En éste marco es necesario reconocer que los
Organismos del Sistema Interamericano han mantenido una activa preocupación
respecto de la familia y sus niños expresada en Declaraciones, Convenciones,
Pactos y diversos documentos que marcaron un derrotero histórico en la materia.
Las
reflexiones, análisis y propuestas que surgirán de la presente exposición se
inspiran en la responsabilidad que actualmente desempeño como Miembro del
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Circunstancia ésta que
implica el reconocimiento de los más diversos escenarios internacionales en la
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño pero que
fundamentalmente fortalece el compromiso a favor de la niñez de las Américas.
Los países de las Américas en su condición de miembros activos de
las Naciones Unidas han sido protagonistas de uno de los capítulos de mayor
contenido y trascendencia de dicha Organización mediante la Proclamación del Año Internacional de la
Familia por parte de la Asamblea General de 1994.
Estamos recordando, entonces, los diez
años de esta proclamación. Precisamente en el marco de los preparativos y
celebración de este Aniversario, con fecha 23 de Julio de 2004, el Secretario General de las Naciones
Unidas, realizaba una exposición general de las actividades llevadas a cabo a
todos los niveles en celebración de este décimo aniversario del Año
Internacional de la Familia. El referido informe contiene información adicional
y un análisis de la situación de la familia en todo el mundo, así como los
criterios adoptados, sobre todo en el plano nacional, respecto de las políticas
relativas a la familia y apoyo a la familia, considerando que esta información
puede ser de interés para los gobiernos y otros agentes cuando consideren en el
futuro la formulación de políticas y programas relativos a la familia.
Si bien la Asamblea General de las
Naciones Unidas, mucho antes de 1994 había declarado a la familia como unidad
básica de la sociedad, con derecho a protección por parte de dicha sociedad y
del Estado, la proclamación del Año
Internacional de la Familia, traduce una necesidad y una decisión de
centrarse específicamente en las familias como agentes y beneficiarias del
progreso social y de un desarrollo sostenido.
Los principios del Año Internacional de la Familia marcaron el más alto nivel de
compromiso contemporáneo de las Naciones Unidas respecto a las
responsabilidades a los Estados Miembros, las organizaciones de la sociedad
civil, del mundo académico, de las diversas confesiones, y de la sociedad en
general. Entre estos principios debemos recordar:
1.-
“la familia constituye la unidad básica de la sociedad, y en consecuencia
merece especial atención. Esto implica que habrá de prestársele la protección y
asistencia de la forma más amplia posible, para que ésta pueda asumir
plenamente sus responsabilidades en la comunidad, en concordancia con las
disposiciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Convención de los Derechos del Niño, y demás documentos internacionales
concurrentes”.
2-
El Año Internacional de la Familia, pone especial énfasis en las diversas
formas de familias y en la modalidad de funcionamiento de las mismas, lo que
requiere el respeto por las diversidades, tanto individuales como sociales.
Asimismo el AIF deberá tener en cuenta estas diferencias para así poder
responder a las necesidades específicas de cada tipo de familias.”
3.-
“Se procurará fomentar los derechos humanos básicos y las libertades
fundamentales….cualquiera sea la condición de cada integrante y la forma y
situación de dicha familia”.
4.-
“Las políticas tendrán como efecto fomentar la igualdad entre la mujer y el
hombre en la familia y lograr que se compartan más plenamente las funciones
domésticas y las oportunidades de empleo”.
5.-
“Los programas deberán ayudar a la familia en el cumplimiento de sus funciones,
y no ofrecer sustitutivos de dichas funciones”.
Resulta así
mismo sumamente enriquecedor, recuperar los objetivos de aquella Proclamación,
los que a su vez mantienen una plena vigencia. Entre aquellos objetivos
mencionaremos:
“Incentivar el desarrollo de
actividades a nivel local, nacional e internacional como parte de un esfuerzo
sostenido a largo plazo para:
1.-
Hacer cobrar mayor conciencia a los gobiernos y al sector privado de las
cuestiones que atañen a la familia;
2.-
Fortalecer las instituciones nacionales encargadas de formular, aplicar y
supervisar las políticas respecto de la familia;
3.-
Alentar los esfuerzos encaminados a hacer frente a los problemas que influyen
sobre la situación de la familia, y que resultan influidos por ésta;
4.-
Mejorar la eficacia de los trabajos realizados en todos los niveles para la
ejecución de programas concretos relativos a la familia mediante el desarrollo
de nuevas actividades y la promoción de otros ya en curso;
5.-
Mejorar la colaboración entre las organizaciones no gubernamentales, nacionales
e internacionales, en apoyo de actividades multisectoriales;
6.-
Apoyar los resultados de las actividades internacionales relativas a la mujer,
los niños, la juventud, los ancianos y los discapacitados.”
Desde
este horizonte cabe mencionar en nuestra región la Declaración y Líneas de
acción a favor de las Familias de América Latina y el Caribe, realizada en
Cartagena de Indias, Colombia en Agosto de 1993.
Dicha reunión convocada por la CEPAL y el
Gobierno de Colombia, consensuó un planteamiento regional, que sirviera como
base a fin que los gobiernos preparasen políticas de acción nacionales, en el
marco del Año Internacional de la Familia.
De este consenso surgen, además de
estrategias específicas a llevar a cabo, orientadas hacia la familia, dos
objetivos fundamentales:
1.-
“Promover el desarrollo integral de las familias a nivel regional y nacional,
fortaleciendo en ella los lazos de solidaridad, y asegurando los medios para su
bienestar a través de una concertación amplia y responsable entre gobierno y
sociedad;
2.-
Consolidar condiciones políticas, socioculturales y económicas para el
mejoramiento de la situación de las familias de América Latina y el Caribe, que
estimulen, mantengan y desarrollen su fortaleza como red básica de relaciones
sociales y garanticen el respeto a los derechos humanos de todos sus miembros”.
Esta Declaración, nos permite visualizar
la preocupación de los Estados Miembros del Sistema Interamericano por estudiar
con alto grado de aproximación a las complejas realidades y transformaciones
del ámbito familiar sus diversas realidades internas y los contextos que
influyen sobre ella. Respecto de los cambios se describe entre otros aspectos
la reducción de su tamaño, el
descenso y retraso de la nupcialidad, el aumento de la maternidad precoz, las
uniones consensuales, las rupturas conyugales, los hogares monoparentales,
unipersonales y las familias reconstruidas.
En tal sentido, la Declaración de
Cartagena recuerda que “la mayoría de las
políticas y programas económicos y sociales no consideran los asuntos de las
familias en forma integral ni el impacto de sus acciones sobre la estructura,
funcionamiento y calidad de vida de la familia”.
Asimismo, en los Considerandos se reconoce la existencia de una gran diversidad
étnica y heterogeneidad cultural, dando cuenta de la existencia de una amplia
gama de estructuras y dinámicas familiares en la región, enfatizando que la
incorporación de las mujeres en el mercado laboral, y las transformaciones
producidas en las cuestiones de género, son uno de los principales factores de
transformación de la vida familiar.
En referencia a la constitución,
estructura y funcionamiento de la familia latinoamericana, la Declaración hace especial hincapié en que el aumento de
la pobreza, el uso indebido de alcohol y drogas, las enfermedades como el
VIH/SIDA, la violencia intrafamiliar, entre otros factores, son determinantes
en la configuración de estas transformaciones.
En este marco y, si bien posteriormente
nos detendremos en la formulación de políticas y estrategias, corresponde
señalar que aquella declaración indicaba la necesidad de “la promoción en la formulación y consolidación de políticas públicas
integradas orientadas hacia la familia, respetando su diversidad e identidad
cultural”, ponderando la creación de un marco legal que contribuya a la
protección integral de las familias, eliminando toda forma de discriminación y
violación de sus derechos.
Analizados estos documentos, tomando en
cuenta el reconocimiento expreso que manifiestan en referencia a los cambios en
la estructura familiar, considero de utilidad introducirnos en la evolución
contemporánea e histórica de la familia, para luego mencionar, a partir de esta evolución las nuevas
configuraciones y modelos familiares actuales.
Los estudios realizados sobre la familia,
que surgen a partir de investigaciones realizadas en la década de 1950,
tuvieron como principal objetivo, estudiar la familia nuclear. La organización
de este tipo de familia se sustentaría en una clara diferencia entre los sexos,
en términos de considerar al hombre como proveedor económico del hogar, a
través de su inserción en el mercado laboral, mientras que la mujer sería la
encargada de los aspectos reproductivos y del cuidado doméstico
Las décadas de los 80 y los 90
representaron, por un lado para un número significativo de países,
especialmente del Cono Sur de América Latina, la recuperación del Estado de
Derecho, la reconstrucción democrática de las instituciones y la culminación de
un siniestro ciclo histórico marcado por la sistemática violación de derechos
humanos.
Por otra parte, las sucesivas políticas
regionales de ajuste estructural, el creciente endeudamiento externo, la crisis
de representatividad con manifiestos gestos de interpelación por parte de la
sociedad civil rechazando los estigmas de corrupción e impunidad, condujeron a
grandes sectores sociales a la exclusión, el desempleo y la marginación.
En un estudio realizado por Irma
Arriagada, desde CEPAL, en el año 2002, se plantean los cambios y las
desigualdades en las familias latinoamericanas, no sólo referido al
funcionamiento de las mismas, sino también a la diversidad de familias en
distintos estratos sociales.
“Estos cambios en las condiciones de vida
básicas producidos por los grandes procesos asociados a la globalización (…),
el incremento del empleo femenino, los nuevos patrones de consumo, y las nuevas
formas de inserción laboral, influyen de manera significativa en la
organización y autopercepción de las familias”.
Estas transformaciones producidas como
resultante de todos los componentes enunciados anteriormente, nos invitan
a repensar o reformular el rol o
responsabilidad de la familia a fin de efectivizar la protección y el
desarrollo integral del niño, la niña y el adolescente.
Si consideramos que las transformaciones
por las que se encuentra atravesada la familia, resultan de procesos
económicos, sociales y culturales que se llevaron adelante en forma desigual e
inequitativa entre los diferentes sectores sociales, deberíamos afirmar que los
efectos de la misma repercute con mayor sensibilidad y daño sobre la niñez y la
adolescencia, generándose en consecuencia mecanismos de desprotección,
exclusión y marginalidad, no permitiendo el ejercicio pleno de los derechos
económicos, sociales y culturales, en razón que las estructuras en donde impera
una injusta distribución de la riqueza, imposibilita el ejercicio pleno de los
derechos jurídicamente consagrados.
En este contexto, especialmente en
América Latina, han surgido nuevas configuraciones familiares. Según una
investigación elaborada por CEPAL, que abarca de 1986 a 1999, tomando 17 países
de América Latina, los tipos de hogares y familias se dividen en las siguientes
categorías:
unipersonal
– nuclear – extendida – compuesta – hogar sin núcleo.
Los resultados del trabajo indican que en
el mencionado período la gran mayoría de los hogares eran de tipo nuclear,
siguiéndole en importancia la familia extendida, evidenciándose en orden
descendente, los hogares sin núcleo y la familia compuesta.
La evolución de estas configuraciones
exhibe una heterogeneidad regional, que en la perspectiva de los derechos de la
infancia implica la necesidad de profundizar en estudios específicos y
particulares de cada realidad.
En referencia a lo manifestado respecto
de la desigualdad en la distribución de la riqueza como así también los
recursos presupuestarios muchas veces de incierta efectividad, los Estados
Miembros, que han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, asumen el
siguiente compromiso de acuerdo al art. 4º de la Convención cuando dice que “….En lo que respecta a los derechos
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan, y cuando sea
necesario dentro del marco de la cooperación internacional…”.
A su vez, frente a la inobservancia de
las disposiciones que hagan efectivos estos derechos u otros contenidos en la
normativa, las sociedades construyen los mecanismos de exigibilidad de estos
derechos.
En este aspecto y en relación a la niñez, adquieren significativa
importancia la conformación de los Organismos nacionales independientes
dedicados a la protección y promoción de los derechos de los niños. La
existencia de estas instituciones adquieren un papel fundamental al momento de
hacer exigibles los derechos consagrados jurídicamente, ya que estas
representan “un importante mecanismo para
promover y asegurar la aplicación de la Convención, y el Comité de los Derechos
del Niño considera que el establecimiento de tales órganos forma parte del
compromiso asumido por los estados Partes al ratificar la Convención, de
garantizar su aplicación y promover la realización universal de los derechos
del niño…”
En este mismo sentido, respecto de la
exigibilidad de los derechos el Comité de los Derechos del Niño, señala en su
Observación General Nº 5 de 2003, cuando se refiere a las medidas de aplicación
de la Convención, la posibilidad de invocar los derechos ante los tribunales,
marcando expresamente que “Para que los
derechos cobren sentido, se deben disponer de recursos efectivos para reparar
sus violaciones….”. “… La situación especial y dependiente de los niños les
crea dificultades reales cuando los niños quieren interponer recursos por
violación de sus derechos, por consiguiente los Estados deben tratar
particularmente de lograr que los niños y sus representantes puedan recurrir a
procedimientos eficaces que tengan en cuenta las circunstancias de los niños…”
“…el Comité subraya que los derechos económicos, sociales y culturales, así
como los derechos civiles y políticos deben poder invocarse ante los
tribunales…” Esta innovación
requiere de un alto grado de sensibilización en el interior de la sociedad y en
los operadores del sistema de protección integral para lo cual la capacitación
constituye una insalvable prioridad.
En este contexto, decir que la familia
debe funcionar como “responsable primordial para la protección,
educación y desarrollo integral del niño, la niña y el adolescente”,
importa asignarle un alto grado de responsabilidad, debiendo fortalecerla con
las herramientas necesarias para que el cumplimiento de esta función sea
posible. Desde la perspectiva individual se deposita una gran confianza en la
familia, asumida ésta como primera instancia constitutiva de la construcción de
identidad y del proceso del desarrollo integral del niño.
En este sentido, le compete al Estado
acompañar y fortalecer a través de la creación de políticas sociales que
importen un tratamiento integral a las familias, y no acudir exclusivamente a
políticas asistencialistas que se orienten a dar respuesta a sus miembros con
carácter individual y fragmentado. Es contradictorio asignarle al espacio
familiar, por un lado, la responsabilidad en su funcionamiento para la
construcción de sociedades más solidarias y equitativas, y por otro lado,
disminuir el acompañamiento y apoyo necesario. La consecuencia de ésta circunstancia
se advierte en la dificultad para el cumplimiento de dicho mandato.
Debemos tener en cuenta que la familia es el primer espacio de
socialización del niño, y el principal ámbito donde se ejercen y promueven los
derechos del niño, la niña y el adolescente. Desde este lugar y bajo esta
concepción, la institución debe formar parte del objetivo prioritario del
Estado en cuanto a la promoción de políticas que generen y garanticen espacios
de construcción de derechos, realización efectiva de estos, ejercicio de
ciudadanía, e inclusión en la vida democrática de todos los sectores sociales,
sin distinción alguna por razones económicas, sociales, religiosas y/o
culturales. Si el Estado secundarizara esta prioridad, estaría disminuyendo las
posibilidades de construcción sólida hacia la vida democrática.
Es necesario destacar el rol preponderante que en la Región de las
Américas desarrollan dentro del sistema integral de protección de derechos la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y como organismo especializado el Instituto Interamericano del
Niño. Dentro de sus diferentes competencias las citadas Instituciones dan
cuenta de una voluntad política de los Estados de la Región por incluir la
promoción y protección de los derechos humanos como un componente prioritario
en el desarrollo democrático de los respectivos países.
En la misma dirección, la Convención sobre los Derechos del Niño
en su art. 3º, inc.2, dispone: “Los
Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de
sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese
fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
Dicho Tratado de derechos humanos, en su Preámbulo, le asigna un rol
fundamental a la institución familiar, cuando en su párrafo 5º enuncia: “Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en
particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarios
para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”.
El párrafo 6º, agrega: “Reconociendo que el niño, para el pleno y
armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia,
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.
Siguiendo los preceptos del mismo cuerpo
legal, podemos advertir en sus disposiciones la altísima importancia que se le
asigna a la familia a fin de lograr el mejor desarrollo evolutivo del niño, la
niña y el adolescente. El art. 5º
dispone que: “Los estados Partes
respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o
en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas
legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus
facultades, dirección y orientación para que el niño ejerza los derechos
reconocidos en la presente Convención”.
En esta construcción, y sobre estas
bases, es en la que debe crecer el niño dentro de la familia, más allá de las
particularidades que ésta presente.
Reafirmando la perspectiva antes
mencionada, debemos recordar que los modelos económicos predominantes en la
región, favorecieron la redistribución asimétrica de los recursos, situación
ésta que se refleja en los indicadores sociales. Dicho de otro modo, los grupos
con menores ingresos se han visto afectados por una empinada caída en sus
niveles de empleo, salario, dificultad de acceso a los servicios (salud, educación) y comunicaciones. En
este proceso la niñez y la adolescencia representan el sector de más alta
vulnerabilidad. Estos indicadores sociales, traen como resultado otras
consecuencias desfavorables en este sector, como lo es la discriminación y los
altos niveles de exclusión social, lo que a su vez, produce situaciones
direccionadas a la aparición no sólo de patologías convencionales, sino también
al surgimiento de enfermedades sociales.
En este marco, se requiere de la
reformulación y nuevas modalidades de diseño de políticas sociales que tiendan
a revertir estas desigualdades, entendiendo que desarrollo económico no
significa necesariamente desarrollo social.
En este contexto, los Estados asumen o
debieran asumir el compromiso de asignar los máximos recursos de que disponen
para alcanzar la vigencia de derechos sociales, económicos y culturales tal
como lo dispone el art. 4 de la CDN en su segundo apartado. En tal sentido, se
deben tomar todas las previsiones posibles para lograr que los programas
lleguen a aquellos sectores que más lo necesitan, y que no se desvíen a
sectores en mejor condición económica, social y cultural. En primera instancia
se deben identificar los diversos grupos con diferencias significativas,
estableciendo estrategias específicas para cada grupo vulnerable.
Poder realmente identificar los
diferentes sectores sociales, implica desarrollar políticas diferenciadas que
lleguen a aquellos grupos que la CEPAL califica
como prioritarios para la elaboración de políticas sociales, tales como:
1.-la población indígena, 2.-la población urbana pobre de áreas no
metropolitanas, 3.-la población urbana pobre de áreas metropolitanas, afectada por
prolongada marginalidad y 4.- las familias de jefatura femenina.
Los programas sociales, en la generalidad
de los casos, parten con frecuencia de suposiciones que no responden a estas
diversidades, y por ende dan lugar a serios desvíos respecto de los recursos
asignados. Teniendo en cuenta que las problemáticas sociales son globales,
también debemos ser concientes que las soluciones debieran estar orientadas a
las realidades locales, reafirmando así la necesidad de la identificación del
problema, el respeto por la diversidad
y estrategias de focalización sujetas a las respectivas prioridades.
Esta diversidad de modelos y realidades,
son los que necesariamente debe tener en cuenta el Estado al momento de diseñar
Políticas Públicas que hagan al mejoramiento en la calidad de vida de todos y
cada uno de los ciudadanos que lo forman. Es un desafío impostergable que lo
reafirma como garante de Derechos, y es una deuda social, que una vez saldada,
contribuirá a construir sociedades más solidarias y justas.
De
lo que se trata es de rejerarquizar las políticas sociales, en
concurrencia con políticas económicas acordes a esta jerarquización.
Las desigualdades mencionadas al momento
de implementar programas sociales trae
como consecuencia otras problemáticas, que se vinculan a temas tales como, el
aumento de la maternidad precoz, incremento de la violencia intrafamiliar,
abuso infantil, maltrato en todas sus formas, hacia mujeres y niños
principalmente, trascendiendo a la violencia institucional, hasta la violencia
social.
Es de destacar que en el año 1997, todas
estas formas de violencia, tomadas en su conjunto, han sido consideradas por la
OMS como un problema de salud
pública, “porque en última instancia, ya
sean niños, niñas, adolescentes o adultos, está involucrada la calidad de vida
de las personas”.
Tomar conciencia de estas nuevas
realidades y las nuevas formas de abordaje frente a ellas, no puede estar
ajena, ni a las más intrínsecas estructuras estaduales, ni a ninguno de los
actores involucrados en la temática, cuyas prácticas sociales no pueden
permanecer inamovibles. Es absolutamente necesario reconocer la realidad tal
cual es, y en función de ella, propiciar las formas más completas en relación
al niño, la niña, el adolescente y la familia.
Consideramos valor a todo lo que constituye el ensanchamiento o planificación
espiritual de un ser concreto, en una comunidad concreta, en un espacio y
tiempo específico. Contrariamente,
entendemos por disvalor
todo lo que directa o indirectamente erosiona el grado alcanzado en el
crecimiento o desarrollo personal del individuo. O sea, que puede ser todo
aquello que vulnere o niegue el bien y la dignidad. La falta de reconocimiento
de los derechos fundamentales de las personas, violentan esa dignidad,
violentan la integridad y cercenan la libertad de las mismas, achicando las
posibilidades de crecimiento y continuidad de los pueblos.
En este contexto, en América Latina
grandes sectores registran este tipo de violación de derechos, particularmente
los niños y la familia, como núcleo formador es la que con más fuerza e
impotencia sufre esta violencia, como efecto de una globalización que no logra
superar estructuras de inequidad y desprotección de los sectores más
vulnerables.
Esta es la principal tensión por la que hoy
está atravesada la familia latinoamericana en un gran porcentaje de su población. La familia no sólo debe ser
la proveedora de los recursos materiales, también es proveedora de identidad, y
es ámbito reconocedor del niño como sujeto de derechos, por lo que debiera ser
poseedora de todo aquello que hace a potenciar la dignidad, reflejada en los
más altos niveles en cuanto a la calidad de vida, tomando este concepto en
términos de acceso al trabajo, a la
vivienda digna, a la educación, a la salud, al esparcimiento, a la
participación comunitaria y a la inclusión en la vida pública.
Este punto nos lleva a indagar sobre el
rol de los Estados, de la comunidad y de las organizaciones, y cuáles son los
modos de relacionarse y articular mecanismos que contribuyan a hacer efectivos
estos derechos fundamentales y su ejercicio.
Debemos preguntarnos y en una revisión crítica de las prácticas
institucionales ¿Si el Sistema Interamericano está en condiciones de
profundizar su compromiso con las familias de la Región y en consecuencia abrir
un nuevo ciclo histórico de jerarquización y fortaleza de los Organismos del
mismo particularmente del Instituto Interamericano del Niño?
Esta agenda regional encuentra en el
Comité de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas una amplia aceptación.
Por otro parte no podemos ignorar que por
los diversos factores mencionados anteriormente, algunos sectores de la niñez
no encuentran la debida protección en el ámbito de sus familias y lo que es más
grave aún es en dicho ámbito donde sus derechos son violentados.
Una reciente encuesta efectuada por el
Instituto Interamericano del Niño a través del sistema de internet y con la
relatividad que el mismo representa arroja preocupantes resultados con una
marcada tendencia hacia la desprotección de derechos hacia los miembros más
pequeños.
“La voz de los niños”:
Art. 12.Convención de los Derechos
del Niño
Es interesante señalar en este contexto,
y alejándonos un poco de opiniones o apreciaciones de teóricos y especialistas en la materia, tener en cuenta qué
piensan los niños / niñas y adolescentes sobre la familia.
En este sentido, Defensa de los Niños y Niñas Internacional – Sección Bolivia, tomando en cuenta que 1994 ha
sido escogido por las Naciones Unidas como Año Internacional de la Familia,
consideró oportuno investigar sobre la realidad de la familia actual vista
desde la óptica de los niños/as y adolescentes.
DNI-Bolivia, consideró que siendo ellos
los principales protagonistas en la conformación del escenario familiar, y
reconociendo su especial estado de vulnerabilidad por la etapa de desarrollo en
que se encuentran, “son ellos los
primeros en gozar de las cualidades y valores que representa la institución
familiar, o en sufrir las consecuencias de su mal funcionamiento o su desintegración”.
Defensa de los Niños/as
Internacional-Sección Bolivia, en el convencimiento de que los distintos
modelos sociales, políticos y sobre todo económicos le impiden a la institución
familiar cumplir plenamente con su rol fundamental, quiso en esta oportunidad “dar la palabra a los componentes jóvenes
de la familia, a los hijos”, con el fin de corroborar en qué medida los
adultos sabemos encuadrar las percepciones que tenemos sobre la realidad familiar.
Esta investigación se realizó en la
mayoría de las secciones de Defensa de los Niños/as Internacional
pertenecientes a la región latinoamericana, con el propósito de tener una
visión más acabada de estas
percepciones, que a su vez, fuera abarcativa de una región, no limitándose al conocimiento solo del país encuestador. En este sentido, los cinco
países que participaron de esta investigación fueron: Bolivia, Chile, Guatemala, Uruguay y Venezuela.
Las principales conclusiones a las que se
arribaron, las que podemos señalar como de mayor significación fueron:
·
Tendencia general a
reproducir la constitución de la familia nuclear, independientemente de la
clase social, la edad, y el tipo de familia al que pertenezcan los encuestados.
·
Vigencia de la familia
nuclear extensa.
·
Tendencia del niño a
aceptar su familia tal como es, mas allá de los problemas e inestabilidad en la
satisfacción de las necesidades tanto materiales como espirituales
·
Entienden a la familia
como el espacio que les brinda seguridad y estabilidad.
·
Aumento de la
valoración de la familia como espacio de apoyo y protección a medida que el
niño crece, momento en el cual emergen conflictos e inseguridades a las cuales
él tiene que enfrentarse. En esta etapa el niño va adquiriendo paulatinamente
su propia personalidad, siendo ésta una situación que genera en él una mayor
necesidad de orientación y mayor apoyo.
·
Las preocupaciones que
evidencian una gran parte de los encuestados son los problemas en referencia al
alcoholismo, las peleas conyugales y el maltrato físico.
·
Lo que con más fuerza
interviene en todo tipo de vivencia familiar, es la presencia o ausencia de
sentimientos, afectos y emociones, siendo ésta lo que da sentido a la
convivencia humana.
Como conclusión extraída de este trabajo,
en función de las respuestas recogidas, se evidencia, que más allá de trabajar
para los niños, el enfoque en la tarea diaria de quienes se abocan a la
especificidad, debe centrarse con mayor énfasis en la unidad familiar, o grupo
que funcione como tal en la vida del niño. Esto es tarea impostergable de los Estados,
y su cumplimiento surge como imperativo de los propios niños y adolescentes
encuestados. Es evidente la importancia y el lugar que ellos le dan a la
familia, como también la permanente necesidad de sentirse apoyados, acompañados
y amados por ella. Estos reclamos obligan a los responsables del diseño de
políticas, no pensar en paliativos o soluciones asistencialistas. Éstas deben
estar orientadas a solucionar los problemas de fondo, llegando a las causales
concretas que llevan a la desintegración, a la pérdida de los valores, y a la
desarticulación y disfuncionalidad familiar.
Debemos tener muy en claro que para que
esto pueda ser posible, no sólo el Estado debe comprometerse en esta línea,
sino todos y cada uno de nosotros, desde el rol que ocupemos, como ciudadanos
de una misma sociedad.
De acuerdo a la Convención de los Derechos del
Niño “...desde el nacimiento todo
niño tiene derecho a conocer a sus padres, a ser protegidos por ellos y a vivir
en un ambiente familiar”. En el niño la familia siempre está presente.
Es parte de su identidad. La familia actúa como el referente adulto del niño,
que desde el respeto de sus derechos brinda el marco de contención e
instrumentos que le posibiliten ser actor y protagonista de su desarrollo.
. La ratificación de la Convención, sin lugar a dudas,
constituye un avance notable en referencia a reconocimientos de derechos,
colocando como protagonista principal al niño/a y adolescente en la lucha por
los Derechos Humanos. Pero a esto debemos agregarle un plus que merece nuestro
más alto nivel de reflexión: la CDN, no es el paso final ni acabado en este
plano de reconocimiento de derechos, es sólo el principio de un camino que
habrá que andar y desandar muy cuidadosamente a fin de lograr que la infancia y
adolescencia puedan optimizar el ejercicio de los derechos consagrados en ella
en su total plenitud, agudizando al máximo la observancia y cumplimiento de
todos los principios y disposiciones contenidos a lo largo de sus 54 artículos.
Sabemos
que para que esto ocurra, no nos basta la ley. El marco de la Ley es lo que nos
une, los que nos vertebra como Nación, y también nos une a estas tendencias que
en el mundo ha conseguido avanzar, desde el campo tutelar hasta el campo de los
derechos, pero más allá del marco jurídico que ostenta, deberíamos poder leer
su marco ético, y las significaciones que esto determina hacia el interior de
la sociedad civil y sus instituciones.
Quiero
decir con esto que nosotros somos los que tenemos la obligación insoslayable de
andar y desandar estos caminos, no sólo como Estado, como gobiernos, sino y
fundamentalmente como sociedad. Tenemos que ser capaces de asumir que tenemos
una impostergable responsabilidad, y es la de estar a la altura de las
obligaciones contraídas. ¿lo estamos realmente al momento de poner en práctica
estos compromisos?.
En
primer lugar, pareciera que hay una parte en nosotros que no pudo despojarse
aún de los viejos paradigmas, lo que hace que muchas veces sostengamos
prácticas profesionales e institucionales particulares, con determinadas
metodologías de trabajo, así como modalidades específicas para poder
reemplazarla por otras concepciones y otras miradas.
Para organizar el nuevo marco jurídico y
ético que nos ofrece la ley, tendríamos que decir que a lo largo de su articulado,
la CDN afirma tres conceptos básicos:
1.- situar al Estado como garante del cumplimiento y
ejercicio de cada uno de los derechos consagrados en la ley
2.- situar al niño y al adolescente como sujeto
activo de derechos,
3.- el reconocimiento de derechos que hacen a la
participación y a la libertad.
A partir de la aprobación por las Naciones Unidas de
la Convención de los Derechos del Niño, cabría preguntarnos como sociedad, si
hemos logrado concebir a la infancia como una etapa con entidad en sí misma,
con necesidades propias a ese período, la cual requiere de un tratamiento
diferente por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto.
Se
hace tarea interesante detenernos en algunas consideraciones que quizás
parecieran estar vinculadas exclusivamente a una cuestión semántica, pero que
al adentrarnos en los procesos de planificación y diseño de políticas de
infancia y adolescencia, tienen una profunda significación, e irremediablemente
consecuencias no deseadas.
La
Convención de los Derechos del Niño, abarca la franja étarea hasta los 18 años
de edad, y en consecuencia la adolescencia está plenamente incluida en ella,
aunque es posible observar las marcadas debilidades en la promoción y
protección de sus derechos.
Simplemente
a manera de aproximación, es el deseo de subrayar a la adolescencia como una
temática altamente preocupante y prioritaria en las Américas.
Las
políticas de infancia, en la mayoría de los casos, abarcan sólo a ésta,
no extendiendo con niveles significativos de inversión y diseños adecuados
programas y servicios orientados específicamente a la promoción y protección de
la ciudadanía adolescente.
La
adolescencia es un período caracterizado por rápidos cambios físicos,
cognoscitivos y sociales, incluida la madurez sexual y reproductiva, la
adquisición gradual de la capacidad para asumir comportamientos y funciones de
adultos, que implican nuevas obligaciones y exigen nuevos conocimientos
teóricos y prácticos. El período de transición dinámica es también generalmente
un período de cambios positivos, inspirados por la importante capacidad de los
adolescentes para aprender rápidamente, experimentar nuevas y diversas
situaciones, desarrollar y utilizar el pensamiento crítico y familiarizarse con
la libertad, ser creativos y socializar.
Este proceso individual, pero con
significaciones colectivas representa en el interior de las familias la
incorporación de nuevos planos de vinculación y convivencia. En consecuencia,
los adolescentes necesitan que los miembros de su entorno familiar les
reconozcan involucrados en el proceso señalado, pero también como titulares
activos de derecho, con capacidad para convertirse en ciudadanos responsables y
de pleno derecho cuando se les facilita la orientación y dirección adecuada.
Frente a estas realidades, surge
frecuentemente en el imaginario social,
una profunda desjerarquización del adolescente, identificándolo algunas
veces con las causas y efectos de la
inseguridad ciudadana, estigmatizando y discriminando en relación a la
diversidad y prácticas culturales extendidas en el mundo adolescente. Bajo
estas percepciones extendidas en el mundo adulto, es frecuente que el espacio
familiar pierda la iniciativa hacia sus miembros adolescentes, la comunidad
renuncia a un compromiso activo, y el Estado se repliega autolimitándose en
modelos de intervención construidos sobre la existencia de conductas
disvaliosas que conducen frecuentemente al adolescente en el conflicto con la
ley pena.
La
cantidad y calidad de servicios previstos para la institucionalización de
adolescentes, o los avances legislativos respondiendo a paradigmas que lejos de
sostenerse en principios fundantes de la protección integral, se fundan en paradigmas de la seguridad ciudadana,
contribuyen a extender la confusión y la desorientación acerca de la
responsabilidad de los Estados y la sociedad sobre la adolescencia.
En
este sentido, corresponde recordar el contenido del art. 37 de la CDN, que
dispone: el cual dispone:”Ningún niño
será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo de conformidad con
la ley y se utilizarán tan sólo como medida de último recurso y durante el
período más breve que proceda”.
No se ha instalado este tema en la agenda
política, el Comité de los Derechos del Niño, a través de sus Observaciones y
Recomendaciones a los países partes, reclama estas acciones como esencialmente
necesarias en lo que hace a las Políticas de Estado.
Otro
tema a destacar es el que se refiere a la violencia, en todas sus formas,
intrafamiliar, institucional y social. El Comité de los Derechos del Niño, en
este punto, en la Observación General Nº 4 (2003), hace referencia al tema de salud y desarrollo de los adolescentes
en el contexto de la CDN, resaltando “que
los actos de violencia y otras formas de abusos, se producen tanto en el marco
de la familia natural o de la familia adoptiva, como perpetrados por personas
que desempeñan funciones concretas con niños y/o adolescentes (maestros,
empleados de instituciones, prisiones, establecimientos que se ocupan de
enfermedades mentales y otras discapacidades)”. La CDN, contiene en su art.
19, disposiciones muy claras y precisas al respecto, cuando habla de la
obligación de los Estados Partes de proteger a los niños de todas las formas de
violencia y malos tratos, ya sea en el hogar, la escuela o hasta la propia
comunidad, disponiendo expresamente en el primer apartado que : “Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un
representante legal, o de cualquier persona que lo tenga a su cargo”.
Constituye un factor de alta preocupación
la extensión y diversidad de la práctica de la violencia que involucra a la
niñez y a la adolescencia. Sobre esta última en particular han crecido y extendido
su influencia perversa los exponentes del crimen organizado nacional y
transnacional que encadenan a nuestras jóvenes generaciones en destructivos
circuitos de tráfico y desaparición de niños,
circulación de drogas y armas, incluyendo explotación económica y sexual
e involucramiento forzado de conflictos armados, en abierta violación a las
disposiciones de la Convención y sus protocolos facultativos.
Recientemente la Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó la realización de un estudio sobre la violencia contra
los niños, actividad que se encuentra en plena ejecución. El estudio deberá
alentar a que se examine a fondo la situación de la violencia contra los niños
en la mayor cantidad posible de países. Al hacerlo, se abordarán entre otras,
las cuestiones de la preponderancia, de
la violencia, los marcos jurídicos, los sistemas de protección del niño,
los registros estadísticos, la violencia en las instituciones, y las
iniciativas que han demostrado su eficacia para proteger a los niños e impedir que
sean víctimas de la violencia.
Es imprescindible para nuestra América
poder explicar el carácter, la magnitud, las causas y las consecuencias de las diferentes formas de violencia
contra los niños, teniendo en cuenta
los distintos entornos en que se producen. Estamos pues, ante una iniciativa
que le puede permitir a los Estados Miembros del Sistema Interamericano, bajo
sus propios mecanismos institucionales establecer una agenda que no se agote en
el análisis cuali -cuantitativo del tema, sino que avance en la construcción de
estrategias de prevención y eliminación de las prácticas de la violencia. La
participación de los adolescentes constituirá un dato relevante en la
composición del estudio y sus conclusiones, reafirmando de esta manera la
disposición del art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño que expresa:
“Los Estados Partes garantizarán al niño
que esté en condiciones de formarse un juicio, el derecho de expresar su
opinión libremente, en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez
del niño”.
Después de haber efectuado un análisis integral de la
familia, a partir de diferentes aspectos que hacen a su constitución,
funcionamiento, evolución y transformaciones, podemos enunciar a modo de
conclusión, que si bien la institución familiar es considerada la célula de la
sociedad, y primer ámbito transmisor de valores, cultura, respeto y fomento de
la infancia, no siempre es la beneficiaria directa de las políticas que el
Estado, como principal garante debe implementar para poder hacer efectivas
estas funciones.
Es
en este punto donde estimo necesario detenernos e indagar desde la perspectiva
de los Estados, los Organismos Intergubernamentales y la propia sociedad civil
¿En qué medida se han adecuado y armonizado o actualizado normas legislativas,
reformas institucionales o asignaciones presupuestarias a la altura del desafío
que nos presenta éste complejo escenario?
Pero
más allá, de la necesidad de considerar a la familia como una unidad, no
podemos dejar de reflexionar cómo y bajo qué paradigmas se hacen efectivos los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, como miembros principales dentro
de su estructura.
La
reafirmación de las funciones históricas y permanentes de la familia respecto
de sus miembros en estadio de desarrollo está requiriendo una profunda revisión
en la concepción, definición y operatividad de las políticas públicas respecto
de ellas.
El
examen crítico y la búsqueda de actualizar los instrumentos metodológicos y las
estrategias de formulación de políticas, nos lleva a la necesidad de superar el
enfoque tradicional y adecuar las nuevas perspectivas para asumir exitosamente
los desafíos que nos presenta la compleja realidad actual.
El enfoque de derechos constituye la
síntesis que permite reunir en un modelo de construcción de políticas públicas,
los principios contenidos en la CDN, es decir, el interés superior del niño, la
no discriminación, el derecho a ser escuchado, y,el derecho a la supervivencia
y el desarrollo a los cuales se le debe agregar la exigibilidad, la
universalidad e incondicionalidad.
El enfoque de derechos no desconoce las
necesidades que subyacen en la cotidianeidad de la vida de las familias, y en
particular de sus niños. Por el contrario se puede afirmar que “partiendo de
las necesidades, se llega a los derechos”.
Organismos
internacionales tanto de carácter intergubernamental como UNICEF y el Instituto
Interamericano del Niño como así también no gubernamentales, efectúan una
importante contribución en las Américas a favor de alcanzar una amplia difusión
e implementación del enfoque de derechos en la programación de políticas
públicas.
A partir de un enfoque de derechos, los
Estados Partes aumentarán las posibilidades de cumplimiento de la CDN,
garantizando al máximo su observancia. Se cuestiona en referencia la práctica social consistente en atender
solamente las necesidades, sin más perspectiva que la de asistir, en el
entendimiento que este accionar importa focalizar el problema en lo concreto y
lo inmediato. Especial énfasis se debe poner en afirmar que habrá entonces que
trabajar de modo tal que estos dos enfoques se articulen entre sí, creando y
recreando prácticas sociales diferentes, con miradas diferentes, construyendo
también paradigmas diferentes:” Implica
tener una mirada a largo plazo que traduzca bienestar en la infancia y la
adolescencia”.
Al
señalar la diferencia entre el enfoque tradicional y la propuesta generada en
la perspectiva de derechos, es preciso recordar que esta última establece
obligaciones morales y legales, además de responsabilidades inherentes a las
condiciones del Estado. Asimismo, el enfoque de derechos exhorta y faculta a
los poseedores de derechos a exigir el cumplimiento de los mismos,
estableciendo un rol activo en los programas y acciones que garanticen la
operatividad de los mismo.
En un esfuerzo de síntesis por alcanzar a
establecer la diferenciación básica entre la perspectiva de necesidades y el
enfoque de derechos, podemos mencionar, mientras la primera trata los síntomas
de una problemática, la segunda los aborda considerando sus raíces y las causas
que lo producen. La necesidad conduce a la provisión de servicios
exclusivamente, mientras que desde los derechos se procura incorporar a los
actores en un proceso activo en la toma de decisiones, (padres, niños,
adolescentes)
En
el transcurso de esta presentación, se puso especial énfasis en el desarrollo
de Políticas Públicas Integrales en referencia al ámbito familiar.
Hacer efectivos los derechos consagrados
en la CDN, es trabajar necesariamente desde un enfoque de derechos, ya que esta
práctica nos ubica inmediatamente en un plano superador e integral, adquiriendo
en consecuencia un carácter universal y participativo.
Luego
de analizados los factores que contribuyen a las modificaciones en el funcionamiento del sistema familiar, ya sean
éstos de carácter sociales, culturales
o económicos, nos quedaría, en base a las distintas valoraciones resultantes de
su análisis, efectuar algunas reflexiones que hagan al mejoramiento y mayor
eficacia al momento de cumplir con las funciones fundamentales respecto de los
niños y adolescentes.
Ø Fortalecer la creación de políticas de Estado que
asuman las problemáticas de familia en relación a sus miembros más pequeños
desde una perspectiva de integración y
universalidad.
Ø Profundizar los esfuerzos en materia de reformas legislativas logrando que las
mismas armonicen con los principios y disposiciones de la Convención de los
Derechos del Niño.
Ø Intensificar políticas dirigidas a la franja
adolescente, favoreciendo en esta etapa la participación comunitaria y la
integración en la vida democrática de
sus respectivas sociedades. En este sentido podemos señalar como de especial
interés trabajar en temas tales como:
1.- Ampliar la asignación de recursos
presupuestarios a fin de promover la realización de programas y propuestas socio-educativas.
2.- mayor inversión en programas de
formación profesional para quienes quedaron excluidos del sistema formal.
3.- Desarrollar estrategias nacionales
destinadas a la prevención y eliminación de las diferentes formas de violencia
que afectan la vida de niños y adolescentes.
4.- facilitar la creación y el acceso a los servicios de salud, en
especial los servicios de salud mental, y la atención del VHI/SIDA.
Ø Fomentar la creación de reformas legislativas
orientadas al desarme de la sociedad, desvinculando al adolescente de este
riesgo potencial.
Ø Fomentar en la comunidad y la familia la necesidad de
hacer exigibles los derechos fundamentales que conforman la Doctrina Universal
de los Derechos Humanos, al Estado como
garante principal en hacerlos efectivos, sosteniendo la exigibilidad de los
mismos frente al incumplimiento e inobservancia.
Ø Intensificar por parte de los Estados, la creación de
partidas presupuestarias suficientes
para el mejoramiento en la calidad de vida de todos los sectores que componen
la comunidad, sin discriminación alguna, que contribuya a una mejor distribución
de los recursos, respetando los principios de equidad, solidaridad y justicia
social.
Trabajar sobre estos
ejes, promocionando y fortaleciendo la más antigua y arraigada institución que
representa la familia, redundará no sólo en beneficio de ella y cada miembro
que la conforma, sino que importará un mayor afianzamiento en la construcción
de espacios que hagan al mejor desarrollo de los pueblos, en referencia a la
inclusión social y participación en la vida democrática, reafirmación de las
identidades culturales y la realización plena en el ejercicio de los derechos
humanos, ubicándonos en el escenario internacional como verdaderos
protagonistas, y en cumplimiento de nuestras responsabilidades ciudadanas y las
emergentes de los Estados que componen las Américas.
Dr. Norberto Ignacio Liwski.
Setiembre 2004.